Como el péndulo de un reloj, la sociedad argentina se mueve espasmódicamente en ese vaivén que el péndulo guía: de izquierda a derecha y viceversa, y así por siempre. Grandes masas de opinadotes, políticos, científicos y gente de a pie se sienten iluminados con respecto a recetas mágicas para resolver de un plumazo y para siempre el problema de la criminalidad.
Lo que no se tiene en cuenta es que con el crimen se convive y en todo caso a lo que se puede aspirar es a reducir los índices a números respetables para la normal convivencia de la comunidad y un decoroso nivel de vida.
De un tiempo a la fecha la criminalidad ha tomado rumbos impensados. Junto a la profesionalización del delito organizado se da la paradoja de la “amaturización” del delito en los estratos sociales más desprotegidos. Los menores salen a delinquir con la mente en que hagan lo que hagan, las comisarías son puertas giratorias para su causa penal.
Así llegan las leyes de Bloommber endureciendo las penas y el debate continúa. Hoy las aguas están divididas entre los “defensores del orden estricto” y los “garantes de los derechos”.
Unos, los conservadores, abogan por la “mano dura”, la “tolerancia cero” y el “meter bala de Rukauf”, en definitiva, pretenden imponer la ley y el orden a través del terror.
Por el otro lado el garantismo liberal que ve o cree ver en el Estado a un enemigo de las libertades, solicitan a gritos el retiro del poder coercitivo – punitivo estatal en pos de esa mayor libertad auto determinada.
Adherir alguna de estas teorías en su estado puro nos lleva a conclusiones traídas de los pelos con la realidad: el endurecimiento de las penas y la creación de nuevas figuras (simple creación normativa) pretendiendo punir a delincuentes racionales que calculan costos – beneficios lleva a la creencia cuasi mística de que el delincuente a va temblar de miedo frente a la idea de delinquir.
Por el otro lado pretender el repliegue del Estado insistiendo sobre las limitaciones ajenas y poniendo énfasis en las características sociales de víctima y victimario apuntan de un modo laxo a las causas primigenias del delito y de la inseguridad urbana.
En definitiva, el problema de la inseguridad debe partir de un enfoque multifacético y dejar de lado el falso dilema expuesto.
Desde la izquierda es muy válido el reclamo por políticas que erradiquen de la exclusión a esa gran masa de habitantes que ha quedado por debajo de la línea de pobreza y ataque el problema de fondo.
Desde la derecha también es válida la exigencia del restablecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas, proponiendo la aplicación rigurosa de la LEY frente a la criminalidad que desprecia palmariamente la vida ajena.
Por otro lado, y en el medio de esta cuestión, nos encontramos con el problema del mal funcionamiento de la Justicia, aportando una causa que ya es estructural en la realidad argentina. Con buenas intenciones no se vive, pero se renuevan las esperanzas, la reforma del Código Procesal Penal para la provincia marca una puesta a tono con las corrientes modernas del Derecho Procesal Penal. Pero sin presupuesto para implementarla todo queda en un manojo de buenas intenciones.
Tambien, no es menos cierta la realidad de la Policía (pata importante en la prevención y represión del delito), sufre un abandono de vieja data por parte del Estado.
Capacitación, Infraestructura y mejoras salariales son temas historicamente expuestos en uniformes raídos, excesiva cantidad de horas prestando servicios en “adicionales” para juntar algún pesito más, los vehículos destartalados en las calles, y así un largo etc.
Algunos de los cambios a implementarse tendrían que ver con la ley de personal, la descentralización de trámites y la implementación de nuevas relaciones con la sociedad civil y con el poder político.
Por suerte tenemos un Ministro de Seguridad, Dr. Cuenca, que tiene los ojos bien abiertos en las cuestiones sociales y en las necesidades de la Policía. En numerosas ocasiones no ha dejado de manifestar sus intenciones de reformar la Policía, sacar los presos de las comisarías y alojarlos donde corresponda y acercar los civiles (la comunidad) a la fuerza.
Van seis meses de gobierno y pocos cambios se han visto al respecto. Unas ideas para el Sr. Ministro: reactivar las Juntas Barriales, implementar activamente el concepto de policía comunitaria para ponerla en contacto con los demás actores civiles de la sociedad.
Por si fuera poco no debemos olvidarnos de los lectores, todo el pueblo en general. Estos últimos años nos hemos dejado arrastrar por la demagogia hacia rumbos peligrosos. Una muestra de madurez cívica sería comenzar un debate con las cartas sobre la mesa y sin ese pensamiento esquizofrénico que demanda más policía en la esquina de su casa y juicios express, pero que al momento de oír voces para debatir estas brillan por su ausencia.
El llamado está hecho.
Lo que no se tiene en cuenta es que con el crimen se convive y en todo caso a lo que se puede aspirar es a reducir los índices a números respetables para la normal convivencia de la comunidad y un decoroso nivel de vida.
De un tiempo a la fecha la criminalidad ha tomado rumbos impensados. Junto a la profesionalización del delito organizado se da la paradoja de la “amaturización” del delito en los estratos sociales más desprotegidos. Los menores salen a delinquir con la mente en que hagan lo que hagan, las comisarías son puertas giratorias para su causa penal.
Así llegan las leyes de Bloommber endureciendo las penas y el debate continúa. Hoy las aguas están divididas entre los “defensores del orden estricto” y los “garantes de los derechos”.
Unos, los conservadores, abogan por la “mano dura”, la “tolerancia cero” y el “meter bala de Rukauf”, en definitiva, pretenden imponer la ley y el orden a través del terror.
Por el otro lado el garantismo liberal que ve o cree ver en el Estado a un enemigo de las libertades, solicitan a gritos el retiro del poder coercitivo – punitivo estatal en pos de esa mayor libertad auto determinada.
Adherir alguna de estas teorías en su estado puro nos lleva a conclusiones traídas de los pelos con la realidad: el endurecimiento de las penas y la creación de nuevas figuras (simple creación normativa) pretendiendo punir a delincuentes racionales que calculan costos – beneficios lleva a la creencia cuasi mística de que el delincuente a va temblar de miedo frente a la idea de delinquir.
Por el otro lado pretender el repliegue del Estado insistiendo sobre las limitaciones ajenas y poniendo énfasis en las características sociales de víctima y victimario apuntan de un modo laxo a las causas primigenias del delito y de la inseguridad urbana.
En definitiva, el problema de la inseguridad debe partir de un enfoque multifacético y dejar de lado el falso dilema expuesto.
Desde la izquierda es muy válido el reclamo por políticas que erradiquen de la exclusión a esa gran masa de habitantes que ha quedado por debajo de la línea de pobreza y ataque el problema de fondo.
Desde la derecha también es válida la exigencia del restablecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas, proponiendo la aplicación rigurosa de la LEY frente a la criminalidad que desprecia palmariamente la vida ajena.
Por otro lado, y en el medio de esta cuestión, nos encontramos con el problema del mal funcionamiento de la Justicia, aportando una causa que ya es estructural en la realidad argentina. Con buenas intenciones no se vive, pero se renuevan las esperanzas, la reforma del Código Procesal Penal para la provincia marca una puesta a tono con las corrientes modernas del Derecho Procesal Penal. Pero sin presupuesto para implementarla todo queda en un manojo de buenas intenciones.
Tambien, no es menos cierta la realidad de la Policía (pata importante en la prevención y represión del delito), sufre un abandono de vieja data por parte del Estado.
Capacitación, Infraestructura y mejoras salariales son temas historicamente expuestos en uniformes raídos, excesiva cantidad de horas prestando servicios en “adicionales” para juntar algún pesito más, los vehículos destartalados en las calles, y así un largo etc.
Algunos de los cambios a implementarse tendrían que ver con la ley de personal, la descentralización de trámites y la implementación de nuevas relaciones con la sociedad civil y con el poder político.
Por suerte tenemos un Ministro de Seguridad, Dr. Cuenca, que tiene los ojos bien abiertos en las cuestiones sociales y en las necesidades de la Policía. En numerosas ocasiones no ha dejado de manifestar sus intenciones de reformar la Policía, sacar los presos de las comisarías y alojarlos donde corresponda y acercar los civiles (la comunidad) a la fuerza.
Van seis meses de gobierno y pocos cambios se han visto al respecto. Unas ideas para el Sr. Ministro: reactivar las Juntas Barriales, implementar activamente el concepto de policía comunitaria para ponerla en contacto con los demás actores civiles de la sociedad.
Por si fuera poco no debemos olvidarnos de los lectores, todo el pueblo en general. Estos últimos años nos hemos dejado arrastrar por la demagogia hacia rumbos peligrosos. Una muestra de madurez cívica sería comenzar un debate con las cartas sobre la mesa y sin ese pensamiento esquizofrénico que demanda más policía en la esquina de su casa y juicios express, pero que al momento de oír voces para debatir estas brillan por su ausencia.
El llamado está hecho.
