Escandaloso cruce verbal entre Juez provincial y el Poder Ejecutivo con motivo de la "inseguridad".

21 de Abril de 2011.

El gobierno provincial cuestionó en fuertes términos al juez de Instrucción Juan José Pazos, encargado de investigar el doble homicidio en la autopista a Córdoba, a quien atribuyó oportunismo político y falta de imparcialidad por el tenor de sus declaraciones públicas sobre el caso, en el que murieron baleados un ingeniero de 28 años y un asaltante de 25, el lunes a la noche.

“Hace 20 años que soy juez y nunca tuve algo tan penoso. Que este hecho nos sirva de lección a todos y que alguien no tergiverse la realidad cuando dice que la inseguridad es una sensación”, sostuvo Pazos, al hablar por LT8 a pocas horas del episodio. Allí murieron Lucas Renna y Ricardo Javier Castaño.

El primero conducía un auto que pinchó un neumático y fue asaltado por dos personas entre las que estaba Castaño. El secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, calfiicó de inadecuado tal señalamiento en boca de un magistrado que debe iniciar la pesquisa de un caso. “Es impropio que el juez hable en estos términos, pero también que use un caso sensible como éste pronunciándose como una víctima o un observador enojado, cuando él mismo integra una de las agencias del sistema penal. Aprovecha la situación de un caso en su fase inicial para mandar un mensaje político”, apuntó.

“No pretendo cambios. Pero si una persona está condenada a ocho años de cárcel, que cumpla los ocho años. No puede ser que haya desesperación en algunas autoridades legislativas nacionales o provinciales para que el sujeto recupere la libertad. Por qué no tienen la misma desesperación para que la sociedad viva mejor, para que tengamos un día tranquilo, para que nuestros hijos puedan volver sanos a casa. Eso parece que quedó en el olvido”, planteó Pazos, hablando por LT3. “Si la Legislatura produce leyes que favorecen notablemente al delincuente, es probable que se cumplan estos hechos y muchos más”, sostuvo el juez a Canal 3 de Rosario. La referencia la hacía porque Ricardo Castaño, el asaltante muerto la noche del lunes, había estado preso y recuperado la libertad antes de agotar el tiempo de su condena. Deberá establecerse si eso fue por una discrecionalidad o error, lo que a fuentes del gobierno les parecía improbable, o al otorgamiento de una salida transitoria prevista en la normativa vigente.

Antes y ahora
Font remarcó que cuando los condenados recuperan la libertad antes del cumplimiento estricto de la pena es porque la ley de Ejecución prevé beneficios que un juez debe otorgar observando claros requisitos. “El juez Pazos sugiere que los funcionarios no conocemos la realidad del delito. Pero trabajamos con hechos registrados, teniendo claro el fenómeno del delito y el modo cómo se los representa, lo que no siempre coincide. Ya que el juez habló de política uno puede responder políticamente. Y decirle que resulta llamativo que en todos los años previos de su desempeño no haya tenido posicionamientos como ahora. Pazos debería saber que el pico de la tasa de homicidio en Rosario fue en el año 2003. Si sabía de esto y no habló antes es llamativo que lo haga ahora”. “Yo quiero que le pregunten a los familiares, a los amigos y vecinos de Roldán, de este ingeniero asesinado en la autopista, si la inseguridad es una sensación”, había planteado el juez del caso. “No sostengo (que a los privados de la libertad) haya que tratarlos mal. Si cometieron un delito tienen que ser reeducados en prisión. Pero si no logran ese objetivo, no se les puede conceder la libertad tan fácilmente. Habrá casos que se justifiquen, pero no son la mayoría”, dijo Pazos. Desde el Poder Ejecutivo, Font calificó como saludable que los jueces manifiesten sus ideas políticas —”dado que todos las tenemos” — y sus valoraciones sobre el estado de la seguridad pública. “Lo que es objetable es que quien está al frente de un caso tan complejo salga a lanzar hipótesis que no están probadas y que en ese contexto marque una clara posición política como si fuera un vecino cualquiera. Es impropio que lo haga en un caso de tanta trascendencia. Hay un tema de responsabilidad funcional que la Cámara Penal debería considerar”, subrayó.

Cabe recordar que en la ciudad de Santa Fe se da la tasa de homicidios más alta del pasís con casi 20/100.000, siendo que el promedio de nuestro país "apenas llega a 6/100.000. Para refleccionar.