Cambios importantes a nivel nacional

Garré renovó la Federal y por ahora confía en Gendarmería. Debutó con un desalojo bonaerense.

En la jefatura de Policía, la ministra puso en funciones al comisario Enrique Capdevila y eligió a los gendarmes para que la custodien.

La “seguridad pública sin represión” será uno de los ejes principales de la campaña electoral del kirchnersimo y la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, será la cara visible de la estrategia. Ese fue el pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para cumplir con la misión, Garré descabezó la cúpula de la Policía Federal con una sola estocada y ordenó el desplazamiento de 6 mil gendarmes sobre las zonas más calientes del territorio bonaerense.

“Las instituciones son perfectibles y hay que seguirlas perfeccionando”, dijo la ministra mientras ponía en funciones al nuevo jefe de la Policía Federal, comisario Enrique Capdevila. Fue ayer por la tarde en el Patio de las Palmeras del Departamento Central de Policía, del barrio porteño de Montserrat. Se respiraba un clima de incertidumbre y los uniformados de esa fuerza tomaron esas palabras como una advertencia.
Los azules, como se denomina a los hombres de la Federal, saben que Garré reposará sus espaldas en la poderosa estructura de la Gendarmería. Sospechan que la fuerza de seguridad militarizada no sólo avanzará en el crítico territorio bonaerense, sino que harán pie en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tal como hizo el ex presidente Néstor Kirchner en el 2004 cuando realizó una purga que se llevó a unos 200 efectivos de la Policía Federal, Garré se valió de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) para analizar prolijamente los legajos de todos los oficiales superiores de la Federal en condiciones de acceder a las superintendencias vacantes.
La funcionaria mantiene una excelente relación con los centinelas. De hecho, mientras ella estuvo al frente del Ministerio de Defensa fueron los uniformados de verde oliva quienes estuvieron a cargo de su custodia personal. Ahora los volvió a elegir.
La estrategia de la ministra es clara. Por un lado impondrá el control de especialistas civiles para la planificación de la seguridad y especialmente la administración de recursos económicos de las fuerzas a su cargo, es decir de la “caja”. Y por otro, apuntará a realizar grandes operativos de seguridad que tendrán como objetivo desbaratar redes de narcotráfico, crimen organizado, desarmaderos de autos y delitos mayores.
Justamente, Garré aseguró ayer que habrá “un control permanente por parte de los organismos competentes” y prometió el combate “a la criminalidad organizada y las cosas que preocupan a la gente”.
En tanto, ya se publicaron en el Boletín Oficial los decretos de designación de los nuevos funcionarios: como secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad se nombró a Cristina Caamaño Iglesias Paiz, la fiscal de la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra; a Patricia Baez Rocha en la Subsecretaría de Coordinación, y a Gustavo Sibilla como secretario de Planeamiento.
En la actualidad ya hay 1500 gendarmes dispersos en diferentes puntos de la provincia que gobierna Daniel Scioli. 500 están afectados a la seguridad de las autopistas Panamericana, Oeste y Buenos Aires-La Plata, y los restantes controlan Fuerte Apache y la villa La Cava, en San Isidro. Todos dependen de la Región I, con asiento en Campo de Mayo, donde se encuentra la Agrupación Unidades Operativas Buenos Aires y la Agrupación Especial Metropolitana.
La idea de controlar la inseguridad con los centinelas es una receta vieja. Seis años después de la llegada de los gendarmes al conflictivo barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, el 14 de noviembre del 2003 el entonces presidente Kirchner ordenó redoblar la seguridad de esa zona con más efectivos de esa fuerza.
El 27 de marzo del año pasado, el Gobierno lanzó un Plan de Seguridad Federal que contemplaba la llegada de 1500 gendarmes al Conurbano. El anuncio lo hizo la Presidenta junto a su partenaire del momento, el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.
El lanzamiento de aquel megaplan de seguridad no fue una desenfrenada toma de terrenos ni la muerte de un militante a pocos metros de las vías de un tren. Fue la diva de la televisión Susana Giménez la que instaló el avance de la inseguridad como el tema del fin del verano, tras el asesinato de su decorador de interiores y amigo: Gustavo Lanzavecchia.
En aquel momento, los dichos de la conductora crisparon los nervios del Gobierno. Había pedido “la pena de muerte para quien mate” y “terminar con la estupidez de los derechos humanos”. Para Fernández, la inseguridad era una “sensación”.